Desde PADME Pública apoyamos el escrito realizado por el presidente de ACPO Jaume Francesc. Un claro alegato por una educación  pública, inclusiva y comunitaria, en la que creemos y defendemos  firmemente. 

Por una educación pública, inclusiva y comunitaria

1. Introducción

La Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació Educativa i Professional (ACPO) como entidad que agrupa a profesionales de la orientación y la psicopedagogía , reafirma su compromiso con una educación pública, gratuita, inclusiva, democrática y de calidad para todas las personas.

Entendemos la orientación educativa no solo como una práctica técnica o de acompañamiento individual, sino como una acción social y ética comprometida con la equidad, la justicia y la cohesión comunitaria. Desde esta perspectiva, nos preocupa profundamente el mantenimiento y la expansión del modelo de doble red educativa (pública y concertada), que consideramos un factor estructural de desigualdad en nuestro sistema educativo.

Este documento pretende ofrecer un marco de reflexión y propuesta a las asociaciones que integran a profesionales de la orientación educativa, con el fin de abrir un debate colectivo sobre el papel de la orientación en la defensa de la educación pública y la transformación del actual modelo.

2. Diagnóstico: la doble red como fuente de desigualdad

España mantiene un modelo dual en el que coexisten centros públicos y concertados financiados con fondos públicos. Aunque, históricamente, los conciertos se justificaron para garantizar la escolarización universal, hoy se han convertido en un mecanismo de privatización encubierta del sistema educativo.

Diversos informes —del Consejo Escolar del Estado, la Fundació Bofill o Save the Children— muestran que el modelo de doble red produce segregación escolar por razones socioeconómicas, culturales y de origen. La concentración del alumnado vulnerable en los centros públicos debilita la equidad del sistema y amplía la distancia entre escuelas y comunidades.

Desde nuestra práctica profesional, constatamos que:

• Las familias con más recursos y capital cultural tienden a elegir centros concertados, mientras las más vulnerables quedan relegadas a la red pública.
• Esta dinámica genera estigmatización de determinados centros y un círculo de desigualdad educativa.
• Se consolidan lógicas de mercado (ranking, competencia, imagen, resultados) incompatibles con una educación concebida como bien común.
• Parte de los recursos públicos se destinan a instituciones privadas que no siempre garantizan los principios de gratuidad, inclusión y laicidad.

En definitiva, la doble red fragmenta la educación, debilita la cohesión social y desnaturaliza el sentido público de lo educativo.

3. Principios para una transformación educativa

 Consideramos urgente repensar el modelo educativo desde los siguientes principios:

a) Equidad y justicia social

Todos los recursos públicos deben destinarse al fortalecimiento de la red pública, garantizando igualdad real de oportunidades y condiciones de aprendizaje.

b) Educación como bien común

La educación no es un servicio sujeto a la lógica del mercado, sino un derecho fundamental y un instrumento de construcción de ciudadanía democrática.

c) Inclusión y diversidad

Un sistema verdaderamente inclusivo no puede sostener estructuras segregadoras. La diversidad debe ser atendida desde políticas públicas integradoras, no desde la selección o exclusión.

d) Democratización y participación

Las comunidades educativas —profesorado, alumnado, familias, servicios de orientación y agentes sociales— deben tener voz en la planificación y gestión educativa. La democratización del sistema pasa por la participación activa y corresponsable.

e) Territorialización y vínculo comunitario

La escuela pública debe ser espacio comunitario, abierto al barrio, los servicios sociales, la salud y la cultura. La orientación educativa, en particular, tiene un papel esencial en la construcción de redes locales de apoyo y prevención.

4. Propuestas de actuación y transición hacia una red única pública

 Proponemos un conjunto de medidas orientadas a una transición justa y progresiva hacia una red educativa pública única, que garantice el derecho a la educación sin discriminación ni fragmentación:

Moratoria a nuevos conciertos educativos. Establecer un límite a la creación o ampliación de conciertos, priorizando la inversión en la red pública.

Revisión y evaluación de los conciertos actuales. Auditoría educativa y social que valore el grado de cumplimiento de los principios de gratuidad, inclusión y equidad.

Reversión progresiva de los conciertos. Plan de integración gradual de los centros concertados en la red pública, garantizando la estabilidad laboral del personal y el acompañamiento a las familias.

Inversión prioritaria en la escuela pública.

Reducción de ratios.

Refuerzo de los equipos de orientación y atención psicopedagógica.

Mejora de infraestructuras y recursos.

Estabilidad y reconocimiento profesional del personal educativo.

Políticas de escolarización equilibrada. Distribución equitativa del alumnado con necesidades específicas entre todos los centros, sin excepciones.

Consejos Territoriales de Educación Pública y Comunitaria. Creación de espacios participativos locales para planificar de forma conjunta las políticas educativas, con presencia de orientadores y orientadoras.

Campañas de sensibilización ciudadana. Difusión del valor de la educación pública como motor de cohesión, democracia y justicia social.

5. El papel de la orientación educativa y psicopedagógica

Entendemos que la orientación debe ser una voz crítica, ética y transformadora en la educación. Los orientadores y orientadoras tienen la responsabilidad de:

• Detectar y visibilizar las desigualdades que genera el modelo dual.
• Impulsar proyectos de orientación comunitaria que conecten escuela, barrio y servicios.
• Acompañar los procesos de inclusión y convivencia desde una perspectiva sistémica.
• Participar en la planificación territorial de la oferta educativa y en el diseño de políticas de equidad.
• Promover la reflexión profesional sobre el papel de la orientación frente a la privatización y la competencia escolar.
• El compromiso ético de la orientación implica defender no solo a cada estudiante, sino al derecho colectivo a una educación pública de calidad para todos.

6. Conclusión: reconstruir lo común desde la educación

La defensa de la educación pública no puede reducirse a una cuestión administrativa o presupuestaria: es una decisión ética, política y cultural.  Hacemos un llamamiento a las administraciones, a los profesionales de la educación y a la sociedad civil para reconstruir el sentido público de la escuela.

El futuro de la educación pasa por superar la lógica de la doble red y avanzar hacia un modelo único, inclusivo y participativo, donde la escuela pública sea el eje de cohesión social y desarrollo humano.

Queremos  comprometernos a:

Denunciar las desigualdades estructurales derivadas del modelo dual.

Promover la reflexión crítica y la formación ética de los profesionales de la orientación.

Colaborar con otras entidades sociales y educativas para construir una educación que no excluya, no segregue y no privatice el derecho a aprender. Porque defender la educación pública es defender la democracia, la equidad y el futuro común